El pasado miércoles, el Parlamento sueco (Riksdagen) aprobó la proposición del Gobierno 2025/26:279. Esta incluye varias propuestas destinadas a dotar de mejor personal a nuestras Fuerzas Armadas y, en consecuencia, reforzar la defensa de Suecia y de nuestros aliados. Una de estas propuestas es que los oficiales de reserva obtengan el derecho legal a una excedencia laboral, algo por lo que la Asociación de Oficiales de Reserva (Förbundet Reservofficerarna) ha luchado durante mucho tiempo. Es sin duda positivo que dejemos atrás un período de incertidumbre, tanto para los oficiales de reserva como para sus empleadores civiles, sobre cuál es la normativa aplicable en esta materia.

Una noticia menos alentadora es que los oficiales, una vez finalizado su empleo, seguirán sujetos al servicio militar obligatorio hasta finales del año en que cumplan 70 años. Para quienes no han sido oficiales, el servicio obligatorio sigue aplicándose, como máximo, hasta finales del año en que cumplan 47 años. Esto no es más que un castigo para quienes ya han hecho tanto por la capacidad de defensa sueca.

El Parlamento se muestra, en principio, unánime en este asunto. A pesar de las duras críticas recibidas durante la consulta por parte de nuestra asociación y del Sindicato de Oficiales (Officersförbundet), solo el Partido de Izquierda (Vänsterpartiet) expresó reservas sobre que los antiguos oficiales deban permanecer sujetos al servicio obligatorio hasta los 70 años. El respaldo se justifica alegando que se necesita la competencia de estas personas. Estamos de acuerdo con ello. Pero la competencia de los oficiales no se conserva mediante la amenaza de prisión, sino con condiciones laborales justas que hagan que los oficiales quieran y puedan permanecer en sus puestos. En este punto, las Fuerzas Armadas y el Estado, como empleador, tienen un largo camino por recorrer. Ese camino comienza por aprovechar toda la competencia de los oficiales, ofreciendo a los antiguos oficiales un empleo como oficiales de reserva.

Cuando Suecia está en guerra, la mayoría de las restricciones a la libertad pueden justificarse. Pocos serían los antiguos oficiales en condiciones de servir que no se presentarían voluntarios en una situación así. Pero el servicio militar obligatorio ampliado se aplica también en tiempos de paz. A partir de fin de año, las Fuerzas Armadas podrán convocar, para cursos de actualización como soldados de reemplazo, a oficiales que hayan optado por poner fin a su empleo. Se les obligaría a realizar un trabajo del que ellos mismos decidieron dimitir, o del que las propias Fuerzas Armadas consideraron que no los necesitaban.

Ahora que el servicio militar obligatorio se amplía aún más, consideramos que ha llegado el momento de que los políticos suecos reflexionen sobre esta obligación y sobre cómo debe emplearse. El servicio obligatorio es, de hecho, mucho más que arrancar a jóvenes de entre 18 y 20 años, más o menos dispuestos, de su vida cotidiana para que realicen la instrucción básica. También implica obligar, en última instancia bajo amenaza de prisión, a personas corrientes, de todas las profesiones y sectores, a someterse periódicamente a cursos de actualización. Durante el servicio obligatorio se percibe una compensación equivalente al 90 % del ingreso base para el seguro (SGI), con un tope equivalente a un salario mensual de 49.333 coronas suecas. La duración máxima de los cursos de actualización es de 240 días, es decir, casi ocho meses. Se trata de un período prolongado alejado de la familia y de la vida social, además de con pérdida de ingresos y en un servicio que a menudo implica condiciones laborales que a ningún empleado se le permitiría sufrir. ¿Es esto razonable?

Una primera medida sería limitar la ampliación del servicio militar obligatorio a situaciones de peligro de guerra o de guerra efectiva. Si esto no se hace, una medida apropiada sería ofrecer un empleo como oficiales de reserva a todos los antiguos oficiales necesarios en la organización de guerra. De este modo, al menos quienes se ven afectados por esta obligación ahora ampliada tendrían la posibilidad de reincorporarse como empleados, en lugar de quedar sujetos al servicio obligatorio.

Pero este cambio también indica que ha llegado el momento de revisar a fondo las condiciones de los soldados de reemplazo tras finalizar la instrucción básica (o el empleo como oficial). Se trata de un grupo relativamente pequeño de la población que debe soportar una pesada carga en beneficio de toda la sociedad.

Entre las personas nacidas en la década de 1990, apenas hay soldados de reemplazo. Entre los nacidos en la década de 2000, alrededor del 10 % estará sujeto al servicio militar obligatorio. En el caso de los nacidos en la década de 1980 y antes, dependerá de cómo se les convoque a cursos de actualización, pero también en este caso se trata, como máximo, de alrededor del 10 %.

En la medida en que vayamos a construir nuestra capacidad militar sobre la base del servicio obligatorio, ya es hora de ofrecer a estas personas condiciones justas. Según la práctica del Canciller de Justicia (Justitiekanslern), quien sufre una privación de libertad indebida recibe una compensación de entre 20.000 y 30.000 coronas suecas al mes por el sufrimiento que supone dicha restricción de libertad. Quien es privado de su libertad para realizar un curso de actualización no recibe nada. Esto no es razonable. Hay que eliminar las pérdidas de ingresos, compensar la restricción de libertad que implica el servicio obligatorio y recurrir a personal contratado para cubrir las necesidades en tiempos de paz.

Es hora de que la política reflexione sobre el precio del deber.


Magnus Konradsson,

Presidente de la Asociación de Oficiales de Reserva (Förbundet Reservofficerarna)