El Gobierno sueco presentó el 14 de julio de 2026 un proyecto de ley al Parlamento (Riksdag) sobre una nueva normativa destinada a reforzar la resiliencia de los operadores de infraestructuras críticas. La ley transpone la Directiva CER de la Unión Europea (sobre la resiliencia de las entidades críticas) y abarca once sectores, entre ellos energía, transporte, sanidad, agua potable y alimentación.
Según la propuesta, los operadores de infraestructuras críticas deberán prevenir, resistir y limitar las consecuencias de las perturbaciones, además de notificar determinados incidentes. Se prevé que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2027.