La Agencia Sueca de Fortificaciones (Fortifikationsverket) ha solicitado al Gobierno expropiar una propiedad situada en una de las entradas a la base de Muskö. Las Fuerzas Armadas suecas consideran que la propiedad es necesaria para reforzar la protección de la base, especialmente frente a drones.

"La situación de seguridad exige que actuemos y no aceptemos el riesgo que supone la actual titularidad de esta propiedad. Las circunstancias actuales no benefician a Suecia ni a la OTAN, benefician a Rusia", afirma el teniente general Carl-Johan Edström, jefe del Estado Mayor de la Defensa (Försvarsstaben).

La solicitud fue presentada ante la Cancillería del Gobierno (Regeringskansliet) el 25 de agosto y firmada por la directora general de la Agencia Sueca de Fortificaciones, Maria Bredberg Pettersson. Según la Agencia Sueca de Fortificaciones, la solicitud se ha presentado atendiendo a las necesidades de las Fuerzas Armadas.

La propiedad se encuentra en una de las entradas a la base de Muskö, en la guarnición de Haninge (al sur de Estocolmo, Suecia). Las Fuerzas Armadas suecas señalan que el terreno presenta condiciones únicas para reforzar la defensa de la base. Según la institución, se trata del único emplazamiento de la zona sobre el que no dispone de control y que resulta necesario para poder establecer una protección eficaz, sobre todo frente a drones aéreos y navales.

La propiedad pertenece a una persona con ciudadanía rusa. Según la evaluación de las Fuerzas Armadas suecas, esta situación de titularidad constituye una amenaza para la seguridad, por lo que la propiedad debe ser requisada para proteger a las propias Fuerzas Armadas, así como los intereses de seguridad suecos y aliados.

El ministro de Defensa, Pål Jonson, escribe en X que el deterioro de la situación de seguridad y política internacional ha incrementado la necesidad del Estado de disponer de emplazamientos donde poder desarrollar actividades en tiempos de paz y que puedan ofrecer ventajas estratégicas en caso de guerra.

Jonson también constata que, conforme a la normativa vigente, el Estado puede expropiar bienes necesarios, entre otros fines, para la defensa militar. La solicitud será ahora tramitada dentro de la Cancillería del Gobierno y, según Jonson, el asunto es prioritario.

Si el Gobierno autoriza la expropiación, se presentará posteriormente una demanda ante los tribunales, donde se determinará la indemnización correspondiente al propietario del inmueble. En un proceso de expropiación, el propietario se ve obligado a ceder la propiedad a cambio de una compensación económica.